Ser un Estado independiente está sobrevalorado, más cuando de facto solo lo son los poderosos que dominan y someten junto con los Organismos Internacionales a los muchos otros. Tampoco España es un estado independiente por mucho que así lo proclame su constitución, ni la soberanía recae en los ciudadanos del territorio español. Pero esta verdad maquillada es exactamente la misma que operará en una Catalunya “independiente”. Con el riesgo de que un ejecutivo que considera que se puede infringir la ley cuando el fin así lo requiera, prescindiendo de sus propios reglamentos, de la oposición parlamentaria –que sea la que sea, es democrática- y de la mitad del pueblo que no representan, muestra tintes totalitarios que deberían alertar incluso a los que los apoyan. Porque ¿Cuál es el criterio para dirimir que el fin exige el uso de cualquier medio? ¿Quién posee potestad para tal decisión? ¿Están limitados los medios?
