«El caso Alves» (II)

El “caso Alves” vuelve a darnos un revés y a evidenciar que la justicia es clasista. Recordemos que fue condenado a cuatro años y medio de prisión y cinco de libertad vigilada, considerando como atenuante que el acusado pagara, por requerimiento judicial, una fianza de 150000 euros, que irán destinadas para reparar a la víctima. Ahora, habiendo solicitado la libertad provisional, le ha sido concedida pagando un millón de euros, por considerar que el riesgo de fuga es menor (¿?), y que pueden tomarse medidas como la retirada de sus dos pasaportes y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado. Medidas estas últimas que han sido mencionadas como posibilidad para evitar la fuga, pero que desconozco si tal cual se han contemplado en la concesión de libertad provisional. Hay que tener en cuenta que tanto la sentencia ha sido recurrida por la víctima y que en consecuencia hay diligencias judiciales que siguen su curso, es decir, la sentencia no es definitiva, y que ahora se ha visto obligada a recurrir la concesión de libertad que se hará efectiva hoy. Esto porque al pobre Alves le ha costado un día reunir un millón de euros.

Sabemos que cualquier otro individuo juzgado y sentenciado que no pertenezca a la élite económica de Alves, le hubiese sido imposible quizás pagar la primera fianza, y seguro que imposible pagar la segunda. O sea, que la justicia concede privilegios a quien teniendo dinero puede apoquinar sin ningún problema importes muy altos de fianzas. Su delito de violación queda suavizado por su poder adquisitivo -por lo visto-. Otra cuestión, que se nos ocurre con relación a lo anterior, es si alguien que comete un delito y por imposibilidad económica solicita un abogado de oficio gozaría del empeño y dedicación del que se benefician los que pueden acceder a la abogacía privada.

Es decir, el denominado “caso Alves” pone en crisis la equidad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ya que parece claro que quien posee recursos económicos lo tiene mucho más fácil.

Además, la situación es aún más grave si pensamos que el acusado y condenado es una figura pública que por ser futbolista puede ser un referente para niños y adolescentes, y lo que ven es que ser un buen futbolista pasa por ser un “buen macho”.

Deseamos que los recursos interpuestos sean favorables a la víctima y que se haga justicia, tanto en la revisión de la libertad provisional como en la sentencia, que tiene margen para aumentar la cantidad de años impuestos.

Y lo deseamos porque nuestro poder judicial, ya muy tocado en su legitimidad, necesita llevar a cabo acciones que demuestren que la ley es igual para todos, al margen de su poder adquisitivo, su fama, y su profesión.