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Las leyes y su aplicación no son siempre justas. Hay muchas que nos parecen absurdas, parciales, incluso arbitrarias. No obstante, la única garantía que poseemos de que una sociedad funcione, como organización de individuos, es el respeto y el cumplimiento de la ley.

Aun así, la discrepancia entre la legitimidad y la legalidad es un asunto añejo en las sociedades occidentales. Se han dado muchos casos en que las leyes imponían o inhibían conductas que atentaban contra el núcleo de nuestra conciencia moral: mujeres que abortaban, hombres que se negaban a cumplir el servicio militar, no acatar sentencias sobre tutelas de menores, condenas por eutanasia,…Cualquiera de estas situaciones legitimaba el incumplimiento de la ley por la confrontación entre legalidad y moral, pero en ningún caso eximía de las responsabilidades penales que conlleva ese quebrantamiento legal. Y, para su desgracia ni había un gentío reivindicando su causa, ni por supuesto a nadie se le ocurrió denominarlos presos políticos, a pesar de que podían ser claramente presos de conciencia.

Haciendo un paralelismo, el gobierno catalán y el grupo parlamentario soberanista podía estar según su conciencia y la de los que así piensan legitimados a quebrantar las leyes y requerimientos del Tribunal Constitucional pero, no hay que perder el  norte, eso no los exime, al igual que nunca lo hizo con los anónimos que lucharon por sus creencias –nadie juzga su gesta en un sentido moral- de sus responsabilidades penales por el incumplimiento sistemático de leyes. No son presos políticos, están en la cárcel por incumplir la ley. Y aun diría más, con un cierto trato de favor por parte del Tribunal Supremo, ya que no creo que en las medidas cautelares se tuviera en cuenta, ni para los anteriores casos mencionados, la declaración de buenas intenciones de “no lo volveré a hacer” –intentando expresar el espíritu de las auténticas palabras de Forcadell que parecen secreto de sumario- Por ello, y por muy legítima que consideren sus razones los soberanistas, lo que no pueden exigir es quedar exentos de las consecuencias que comporta incumplir la ley, porque ante muchos ciudadanos este precedente podría sentar la base de su propia legitimidad.

Así, apartando las cuestiones jurídicas que considero claras, aunque me desentiendo obviamente de los delitos que les sean aplicables o no, ya que parece ser que los  manejados no se ajustan y paradójicamente, aunque a muchos, y creo que a ellos mismos, les queda claro que el acto de declarar la DUI debe constituir un delito,  no se halla una figura jurídica que se ajuste exactamente al acto cometido el 27 de octubre –sí a otros-, así es el gran sistema jurídico español, sigue quedando pendiente la cuestión de partida, que se ha acabado convirtiendo en una patética llegada: ¿cuál es, atendiendo al conjunto de la voluntad de catalanes el encaje más satisfactorio? ¿Cómo van a contribuir los soberanistas a rebajar las expectativas, en una solución que no pase por la independencia? Teniendo en cuenta que no parece haber una mayoría suficiente para tal decisión, en el caso milagroso y muy improbable de que el estado español lo aceptara.

Si Catalunya desea dar pasos certeros entiendo que debe desenrocarse de lo jurídico, asumiendo la ilegalidad en que han incurrido, y afrontando una etapa en la que luchando para que su interlocutor no sea ya el PP, puedan abrirse nuevos horizontes, junto eso sí con una renovación de los políticos catalanes que estén menos contaminados por estos años agrios que todos estamos viviendo.