LA TENSIÓN ENTRE LIBERTAD Y BIEN COMÚN

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La tensión entre la libertad y la seguridad, o el bien común de forma generalizada, ha sido una de las cuestiones más controvertidas durante la pandemia. El Estado tomó las riendas en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que se declaró hacia febrero de 2020. Se realizaron confinamientos de toda la población en múltiples países del mundo durante dos o tres meses, tras lo que siguió una desescalada progresiva y lenta de las medidas de seguridad ciudadana. Aunque como todos sabemos estas medidas de urgencia han ido fluctuando en función de lo que se ha denominado las olas de la pandemia, es decir aumentos espectaculares de contagios y personas hospitalizadas. En el estado español esto se hizo bajo un Estado de Alarma decretado por el gobierno, que posteriormente los tribunales han declarado inconstitucional. La mayoría de los ciudadanos asumieron, como un mal menor, estas prohibiciones en pro del bien común, sobre todo de las personas más vulnerables ante el covid19.

Sin embargo, pasado el terror inicial, han ido surgiendo grupos negacionistas de la pandemia, otros en contra de las vacunas -que no implicaba negar la existencia de la pandemia- y también los que percibían que la intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos era excesiva y desmedida: el cierre de bares, del ocio nocturno, regular cuántas personas podían reunirse, …

Y en este segundo momento de la crisis sanitaria ha ido aflorando el malestar, el desacuerdo, y el exceso de control al que se ha visto sometida la población teniendo en cuenta que:

  • No ha habido trasparencia sobre el origen de la pandemia, que aún hoy es explicada por expertos de manera dispar: la hipótesis del murciélago que contagia el virus a los humanos, que es hoy por hoy la versión oficial; o la manipulación en un laboratorio de un coronavirus que dio lugar al covid19, que o se escapó por error del laboratorio o soltaron de forma experimental.
  • Los datos que se han ido facilitando sobre contagiados y muertos por covid19, que ahora son cuestionados por estudios que aseguran que fueron inflados para atemorizar a la población y conseguir que los ciudadanos se vacunaran una vez aparecidas esas vacunas, que tal cual no lo son porque lo que garantizan, según dicen algunos virólogos, es que si te contagias no se desencadene un cuadro grave. Sabemos que todas las vacunas pueden tener un bajo porcentaje de individuos que no han obtenido inmunidad y se contagian de la enfermedad contra la que han sido vacunados. Pero son la excepción. Las vacunas utilizadas hasta ahora inmunizan.
  • El relato ha sido durante más de un año el de alcanzar la inmunidad de rebaño, que era según esos expertos los que acabarían con la pandemia -cuando contradictoriamente no se proporcionaban vacunas a los países más pobres para conseguir ese objetivo, según se nos decían imprescindible.
  • Tras un cierto tiempo y ante la evidencia de que los vacunados se contagiaban, se abandonó el discurso de la inmunidad, porque ya no estaba legitimado por la experiencia, y se adoptó el de disminuir la gravedad de la enfermedad.
  • Se iniciaron toda una serie de artículos e investigaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas de los que, ciertamente, como en todo no hemos obtenido ninguna claridad.

Podría seguir con un listado de engaños y manipulaciones de la población en la gestión de la pandemia que han llevado a un ciudadano ya desencantado de la corrupción política a una situación de desconfianza absoluta del Estado y las Instituciones. Esto ha provocado que, si aún se podía hablar de un contrato social, que personalmente entiendo que no, este ha llegado a su fin: el Estado no garantiza lo mínimo para la supervivencia, no cumple su parte del supuesto pacto, ¿está el ciudadano obligado a cumplir su parte del pacto, que es someterse a la ley? Pues, sin darnos cuenta se está produciendo un fenómeno de legitimación de la insumisión ante unas leyes que no imparten justicia, sino que parecen estar orientadas al control de la población para que los gobiernos puedan ejercer su función bajo el mandato de los poderes económico-dominantes que son los que dirigen, o más poder tienen, este mundo globalizado.

Y aquí llegamos de pleno a esa tensión entre libertad y bien común. ¿Si el Estado ha perdido su legitimidad en el mantenimiento del bien común, por qué el ciudadano debe ceder su libertad y someterse a unas leyes que no velan por la justicia? Esto puede resultar controvertido, objeto de un análisis incansable, sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante algo que está aconteciendo en las democracias occidentales que están más resquebrajadas y deslegitimadas que antes de la pandemia.

Y para concluir, apuntamos que los que más se han enriquecido durante la pandemia han sido las farmacéuticas y los bancos, lo cual obviamente vuelve a ser muy sospechoso.

Sobre esta tensión entre libertad y seguridad os dejo el enlace de uno de lo Ciclos del Club Mundial de Filosofía, por si estáis interesados.

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