El juicio del “pocès”

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Desconozco cuál es el fundamento jurídico que permite a un procesado no responder a pregunta alguna por parte de la fiscalía, más allá del derecho que aquel tiene de no declarar en su contra. Si el objetivo de un juicio es dirimir la inocencia o culpabilidad del encausado, no concibo que el silencio ante las tesituras que pueda plantear la acusación, basándose en pruebas, vulneren más principio que el de la propia justicia. Porque un individuo puede no declarar en su contra, pero eso no implica, desde mi perspectiva que pueda zafarse de dar cuenta de lo inquirido por la acusación como intento probatorio de su culpabilidad. Precisamente para eso cuenta con una defensa que debe intentar contrarrestar con pruebas los requerimientos de la fiscalía para evidenciar la inocencia del procesado. Porque si alguien que se halla en el banquillo de los acusados, por un presunto delito, puede no responder a las cuestiones de la acusación qué debemos deducir: ¿que no desea contrarrestar las pruebas que existen contra él o que le favorece más mantener a la fiscalía en silencio y limitarse a declarar lo que le sea favorable  al margen de su validez o no?

Este proceder me resulta sorprendente cuando lo relevante debería ser impartir justicia y, para ello, entiendo de vital participación la del acusado en un interrogatorio por parte de la acusación. ¿Quién expondrán las acciones consideradas delictivas si no es la fiscalía? Y ,en consecuencia, los jueces dispondrán de declaraciones provocadas por defensa y acusación que aporten datos relevantes, al margen de los que ya se encuentran en el sumario. No solo es significativo lo que puedan aportar testigos, sino también la coherencia con la que el acusado responde a los interrogatorios de ambas partes, porque de ahí pueden derivarse inconsistencia que se muestren clarificadoras necesarias para  abordar de manera más rigurosa y detallada las posibles transgresiones legales.

Si por el contrario el acusado puede hacer una disertación sobre su percepción de lo ocurrido y esto ser refrendado por su defensa, obtenemos una visión parcial que se asemeja más a un alegato de conveniencia que de veracidad. ¿Son estas estrategias un pulso entre las habilidades de la defensa y acusación que dirimen la pericia de uno y otro? O  ¿una voluntad firme de impartir justicia?

Los vericuetos legales acaban asemejándose a un espectáculo sensacionalista que nada tiene que ver con la indagación de la existencia o no de delito según las leyes y la jurisprudencia. Cuando a esto le añadimos el juego de confusiones sobre dónde se halla el umbral de lo político y lo legal, el resultado parece una pantomima prolongada de lo que ya es añejo en el debate ciudadano, en el que dos opciones opuestas hablan, pero no se escuchan, no interactúan y no dialogan.

Entiendo que deberían existir bases legales para condenar a los políticos que dirigieron el proceso de secesión de Cataluña, porque si un representante de la voluntad popular infringe las leyes que no son de su conveniencia ¿quién posee legitimidad para ejercer un poder coercitivo sobre los ciudadanos en aras del respeto a la ley? Creo que si estas acciones quedan impunes –y no defiendo la exagerada condena que se demanda para alguno de ellos por parte del a fiscalía- el Estado pierde toda legitimidad y cualquier ciudadano estaría en su derecho de no acatar las leyes que considere injustas restando, al igual que los políticos impune. De tal suerte que la convivencia social se iría al garete.

Pero también me temo que existe un vacío legal que no acaba de hallar una figura jurídica que se ajuste totalmente a las acciones unilaterales de los políticos encausados. Quizás, porque como siempre la sociedad evoluciona y cambia con más intensidad que el sistema jurídico y este resulta a menudo incomprensible, generando contradicciones y contra-sentidos que no contribuyen al imperio de la ley, ni de democracias en las que el pueblo ha sido moldeado por manipulación y embaucamiento sofista.

Por último me resulta perturbador que un partido político pueda presentarse como acusación  popular, ya  que esta debería emanar de la propia sociedad civil que ha padecido en primera persona los posibles delitos juzgados. Pero cierto es que muchas de las entidades que aglutinan distintos sectores de la sociedad dependen en mayor o menor medida de subvenciones y convenio del gobierno autonómico que sé de primera mano no siempre se rige por criterios técnicos para la concesión de estas ayudas. Así que arriesgado sería para estas instituciones erigirse en acusación popular contra los políticos cesados por parte del Estado, cuando los que continúan su tarea son idénticos ideológica y políticamente. Ya vemos que la separación de poderes, debería reflejarse también en una neutralidad absoluta a la hora de conceder ayudas, prevaleciendo los criterios y objetivos sociales de los proyectos y no de la supuesta ideología de la entidad que hay tras ellos.

Y llegados a este punto, me intriga saber en qué derivará el espectáculo mediático y bajo qué alfombra quedará empolvada la justicia, porque dudo seriamente que sea el auténtico interés de unos y de otros.

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