¿Un gobernante debe cumplir la ley?

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Si un gobernante incumple públicamente las leyes y el poder judicial no actúa ¿cómo exigir a ningún ciudadano a que se someta a ley alguna? Cierto es que son muchos los que las incumplen pero en cuanto no lo hacen en ostentación de su cargo público y en sesión parlamentaria ante los ojos de todo el Estado, estos otros, que sí pueden ser considerados delincuentes deben ser investigados y demostrada su culpa, luchando contra mafias criminales que en el caso de algunos partidos son de redes insospechadas. Quien, como veníamos diciendo incumple la ley en calidad de gobernante y en el ejercicio público de su función, debe asumir las consecuencias que esto implica, al margen de cuestiones de legitimidad que se sitúan en el ámbito subjetivo. Pero no por ello, puede decirse que lo que se pervierte es el sistema democrático de derecho. El ser un cargo electo no exime de cumplir la ley, ni para gobernar, ni para robar caudales públicos. Esto no va en contra de la democracia.

Lo que sí ha hundido las democracias occidentales, no la española, es que el triunfo del neocapitalismo haya vaciado de contenido la soberanía popular, y así ha sido en última instancia. Reduciendo por tanto la participación ciudadana a los comicios cada cuatro años para elegir a sus representantes. Este mismo sistema ha estimulado toda manifestación de la diversidad que no cuestionaba sustancialmente el sistema, sino que podía abrir nuevas formas de consumo, pero sí ha aplastado toda protesta reivindicativa siempre relacionada con el cuestionamiento del reparto de la riqueza y el sistema económico –movimiento antiglobalización, movimientos indignados,… Aquí las fuerzas de orden público de todos los países se han empleado con contundencia.

En síntesis, la democracia formal y falaz que poseemos desde hace muchísimos años-en casi toda Europa-implica unas leyes de obligado cumplimiento para todos, ese el contrato social; porque si alguien se atribuye la arbitrariedad de saltarse la ley cuando lo considere legítimo, el Estado de Derecho y con él las garantías democráticas se hunden.

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