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Un Estado de derecho, democrático y, por ende, aconfesional no puede estar gobernado por quienes hunden sus raíces en la nostalgia de tiempos pretéritos, o en los residuos indisolubles de una dictadura que fusionaba poder político y catolicismo. Pero, el juego democrático, ese que exige el respeto a la voluntad del pueblo, como si éste fuese uno, homogéneo y sin fisuras ha situado a los herederos de esa terrible añoranza al frente del poder ejecutivo. Deberíamos reclamar explicaciones a esas fuerzas políticas del parlamento español que, por intereses particulares, permitieron la continuidad de tal despropósito. Y no ensalzamos otras alternativas políticas por sus méritos, de los que carecen, sino por la posibilidad de que determinadas inercias de antaño queden erradicadas definitivamente de un Estado que no ha superado su pasado.