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Mientras el Estado actúe, de facto, como una fuerza privada al Servicio de intereses particulares e intente camuflar estas decisiones y acciones bajo la legitimidad del bien común, la sociedad civil estará siendo agredida en sus derechos y demandas. Así, cualquier intento de subversión se atajará dejando espacio en el parlamento a los supuestos rebeldes, para doblegarlos con unas reglas del juego democrático dictadas ad hoc. Estos se dejarán seducir por los cantos de sirena, retratándose nítidamente. Para más control se reprimirá a la ciudadanía con una popular ley mordaza, cuyo origen es proteger a la sociedad de sí misma, aunque visto ha quedado que es una salvaguarda del Estado contra los que incordian.

Mientras el Estado sea un traidor, queda deslegitimado, aunque la mayoría lo obvie y mire para otro lado. El pacto social caducó hace tiempo, acaso desde el momento en que el estado decidió salvar a los bancos en lugar de salvar a las personas.