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Todo individuo necesita de una figura que encarne la autoridad para ayudarle a fijar los límites. Esta es asumida normalmente por las figuras parentales que deben haber interiorizado que no puede ser ejercida mediante la amenaza del castigo físico (tortazos, cachetes,…) Solo en situaciones excepcionales en que corra peligro la integridad física del niño el uso del castigo físico, como por ejemplo un par de azotes, puede tener eficacia y estar justificado, entendiendo que la misma excepcionalidad de la medida alerta al niño de que la conducta es especialmente dañina. Esto no excluye la pertinente reflexión y diálogo posterior con el menor como siempre.

Puntualizadas estas cuestiones la autoridad se consigue por la admiración moral y humana que los padres, por el amor que profesan a sus hijos, van canjeándose. Porque siempre dan razón de sus decisiones, en dialogo con los hijos y escuchan las razones que estos arguyen, haciéndoles ver que tal vez en ese momento la mejor decisión es la que proponen los padres.

Su contrario, el autoritarismo lleva a la larga a la violencia física por parte de las figuras parentales y al resentimiento por parte de los hijos. En una sociedad blanda y protectora como la nuestra es una situación peligrosa. Los niños saben de sus derechos y, como pequeños seres inmaduros y dotados de razón, pueden en un momento de rabia responder a un cachete con una denuncia en una sede policial. No sé qué criterios se utilizan para validar o no una denuncia de un menor, pero deberíamos poder discriminar cuándo hay una situación de maltrato y cuándo ha sido un cachete puntual, porque si no la poca autoridad que le queda a los padres puede evaporarse totalmente. Además, una conducta así en un chaval inmaduro, que consiga seguir su curso judicial, menoscaba las posibilidades de reconciliación familiar, cuando el error es otorgarle un poder al menor del que no pueda hacerse responsable. Por ello, disponer de una forma objetiva que ayude a dirimir cuándo un menor está sometido a maltrato y cuando no, antes de que una denuncia siga su curso, entiendo que es una medida fundamental para la familia y el propio menor en su proceso educativo.

Soy plenamente consciente de lo desafortunado que es hablar de la autoridad en un contexto que tiende –como recaída histórica- a confundir nuevamente el termino con autoritarismo mediante una fusión extraña, para realzar contextos educativos y de  aprendizaje en el que el educador es “un igual”. Lo que nos salva es que ciertamente esto es falso. Por aquello de cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Y lo que me parece un soberano engaño es que se omita la necesidad que en el desarrollo psicológico hay de una figura que ejerza la autoridad porque esta al interiorizarla es la que nos permite posteriormente ejercer un autocontrol. Crear un espacio idílico en la escuela donde no hay constricción, ni límites es un atentado contra la salud mental porque no es real. Tengo la esperanza de que esa realidad irá imponiéndose por su propio peso