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Muy pocos negarían hoy el derecho a la propiedad privada, al menos en el siguiente sentido: asociado al derecho a la intimidad, el poseer una vivienda donde un individuo solo, con su pareja, o junto a su familia puedan crear su “hogar”. Y esto sin que cualquier otro posea el privilegio de entrar, permanecer y vulnerar el núcleo vivencial en nombre de una supuesta propiedad colectiva de todos los bienes, donde nadie acaba encontrado reposo ni sosiego.

Es evidente que este derecho a una vivienda propia que preserve la intimidad, no es el que debemos confrontar con el derecho de que todos lo disfruten. Hablamos de un requerimiento universal, que se ve truncado no por los que ya lo poseen, sino por el hecho de que unos pocos acumulan muchas propiedades privadas, privando –valga la redundancia- a los otros del mínimo exigible.

Entramos pues en la especulación, el abuso y el enriquecimiento de una minoría social que se produce a partir entre otros factores de la existencia de la propiedad privada en el capitalismo. Pero nos equivocaríamos si creyéramos que es el mal mayor, porque la trampa reside en las leyes del mercado que estimulan el sistema a especular basándose en la oferta y la demanda, el consumo al fin y al cabo. Y como no, todo un sistema social organizado en pos de ese fin económico.

Así, garanticemos la vivienda a todos limitando la posesión de viviendas para evitar la especulación y la subida desorbitada del precio de venta y de alquiler de los pisos, que no permite a una gran parte de la sociedad acceder a una vivienda. Se está produciendo, el caso de que hay personas que tienen alquiladas dos viviendas a su nombre y otra en propiedad ¿tiene esto sentido? No, simplemente está facilitando el acceso a la vivienda apersonas que, a pesar de estar trabajando, no consiguen un alquiler porque consideran que no son solventes. Paradojas de un mundo cada vez más absurdo. Los solventes son los que ya tienen vivienda.

Derecho a la vivienda, a la intimidad y a una coherencia entre los salarios y el nivel de vida. No es sostenible por mucho tiempo que un ciudadano trabaje y no tenga para vivir; esto significa una grave ruptura con derechos y pactos implícitos en el mercado laboral. Se puede reclamar mejorar las condiciones, pero pensar en una situación como la actual, en la que lo que deberían hacerlos sindicatos es reclamar que no puede haber ningún trabajador cuyo salario no le permita vivir, por dignidad y principio, es casi haberse inventado una distopía.