Ley, transgresión y legitimidad

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Si la ley, en un marco democrático, es un precepto dictado por los representantes de la soberanía popular en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados, entonces cualquier transgresión de la ley es un acto violento contra el pueblo o los ciudadanos y, por ende una rebelión, es decir, levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado; con el fin de derrocarlos, añadiríamos, si lo que se pretende es desvincularse del poder de ese Estado para constituir uno alternativo o nuevo. Hasta aquí, el entramado teórico de unos conceptos con otros, según el significado preciso de los términos que ha determinado la RAE.

No obstante, atinado es el dicho de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque podríamos apercibirnos, sin mucho empeño, de que el mismo concepto de ley, del que parte el juego de palabras, es harto cuestionable. Primero porque no toda ley es justa y está promulgada buscando la justicia y el bien de los gobernados, sino priorizando intereses particulares de sectores económicos con mucho poder. De esta manera, a menudo se contraviene el principio de la soberanía popular, por cuanto sus representantes no actúan al servicio de estos, que es lo único que legitima su carácter representativo.

Así, si el fundamento es controvertido y cuestionable parece que lo que le sigue se desmorone inmediatamente. Considerando esto, deberíamos plantearnos qué le resta hacer a quien se le aplica una ley injusta, o se hace una interpretación de la ley nada adecuada, ya que la flexibilidad legal es un requisito para poder regular la multiplicidad de casos concretos de carácter bien distinto, pero que, a priori, caerían bajo el mismo precepto. Podríamos recurrir a apelaciones o recursos que el mismo sistema legal prevé, pero  seguiríamos enredados en la rigidez de un sistema que no contempla la injusticia de la ley, cómo mucho la aplicación o interpretación revisable.

Esta problemática ha llevado desde hace siglos –quizás ahora esté fuera de lugar con la cantarela democrática- a reflexionar respecto de cuándo, en qué circunstancias un pueblo, un conjunto de ciudadanos están legitimados a rebelarse contra el poder del Estado. Y no puedo dejar de precisar que toda rebelión es violenta, aunque no se utilicela fuerza física de forma activa, ya que como resistencia se ejerce una fuerza que contrarresta a otra, para poder mantener la posición de rebeldía.  Claro que, la disquisición mencionada con anterioridad estaba enmarcada en las monarquías absolutistas, pero bien sabemos que las formas de sometimiento han sufrido una cambio sustancial, porque en el contexto de una democracia están sibilinamente veladas, y por lo tanto deberíamos reelaborar una reflexión no solo sobre las formas de dominación inasibles, sino sobre la legitimidad del pueblo a rebelarse contra un Estado que sirviéndose de un gobierno democrático utiliza, como hacen todos, estrategias de manipulación y conformidad pasiva de los ciudadanos. Sin esta compleja disquisición difícilmente podremos legitimar rebeliones que sin servirse de la violencia física, sí lo hacen de otro tipo de violencia como es transgredir las leyes.

Pero, una reflexión filosófica debe poner a todo poder político bajo sospecha: tanto el que es presentado como el represor, como el que demagógicamente se muestra como la víctima, porque con bastante probabilidad ambos han utilizado artimañas poco éticas para azuzar a las masas en un sentido u otro.

Por eso, la voluntad de este post es hacer un llamamiento a la capacidad crítica y, por supuesto, autocrítica, de todos los ciudadanos, porque cualquier poder ejercido desde instituciones de naturaleza política es corruptible y a menudo corrupto, y solo los que viven sumergidos en la cotidianidad de las injusticias y las desigualdades pueden desde ahí, atribuirse el compromiso de denunciar y luchar contra lo que por no beneficiar a los ciudadanos es además antidemocrático, ya que sería un absurdo afirmar que la voluntad popular es hallarse en las condiciones de vida que padecen muchos ciudadanos de los países más poderosos –en los que las bolsas de pobreza son de escándalo-y menos aun los que se encuentran en países denominados en vías de desarrollo –no se sabe muy bien de qué-

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