por Desahuciar no solo significa despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal (RAE), o en términos más significativos echar y dejar viviendo a la intemperie a una familia con niños, a personas discapacitadas y a cualquiera que no tenga los medios económicos para sufragar un alquiler, que en el caso de Barcelona puede llagar a superar el sueldo mínimo interprofesional[1]. Además de eso, desahuciar implica quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Y ese desear no es caprichoso, sino, en el caso que nos ocupa, una necesidad básica amparada con palabras huecas por la Constitución y la Declaración Universal de los derechos humanos.
La cuestión ahonda en los fundamentos mismos de lo que es un Estado Social de Derecho. ¿Puede tolerar la ciudadanía que haya personas a las que se les incauta la vivienda y se les condena a subsistir en la calle? En la mayoría de los casos cuando la sociedad tampoco ofrece puestos de trabajo que permitan pagar el alquiler de una vivienda. ¿Podemos tolerar que las leyes del mercado, avaladas por el Estado, ignoren la obligación de este último de proveer de medios a los ciudadanos para existir en su territorio con los mínimos vitales cubiertos?[2]
El problema de la vivienda afecta a familias que antes de la crisis del 2008 tenían una vida digna -en el sentido material- y que se vieron abocados a la ruina, además de todo el colectivo que generación tras generación padecen esa pobreza extrema contra la que el Estado no lucha con firmeza, y por tanto no constituye ninguna prioridad. En otras palabras, las bolsas de pobreza en España, hoy en día, están engrosadas por familias que habían pertenecido a la clase media y a todo ese colectivo de personas que parecen llevar tatuada su condición de excluidos porque se perpetua su situación, y se integra como un efecto colateral de toda sociedad: siempre habrá pobres. El problema es que el rostro de muchos de ellos evidencia siempre los mismos genes; es decir, la situación de existencia infrahumana se incrusta de forma permanente de generación en generación, porque no se dota o se da a esas familias oportunidades realistas de salir de esa situación.
Consecuencias, familias hacinadas en pisos cuya convivencia es conflictiva y un factor que perpetua esa situación, ya que cuando algunos de los niños llegan a la adolescencia temprana empiezan a “buscarse la vida”, porque aspiran a vivir como personas. Dianas fáciles del tráfico de drogas, de la prostitución, y la delincuencia.
Lo expuesto aquí, en países más pobres alcanza unas dimensiones inhumanas. Expulsar a personas o familias de sus viviendas y desentenderse de que serán sin techos que pasan a engrosar las calles, como si fueran bichos insignificantes, solo es un macabro suceso que sirve como ejemplo de la deshumanización y cosificación que las sociedades organizadas bajo un supuesto Estado de Derecho, que garantiza el respeto de los derechos humanos, no constituyen más que una farsa legitimadora.
Desahuciar es perforar a jirones sangrantes la esperanza de las personas, que en situaciones límite hacen lo único que pueden y que muy probablemente todos haríamos: lo que sea para sobrevivir.
[1] https://www.emigroo.com/barcelona/vivienda/alquiler/cuanto/
[2] https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/dasahucios-repuntan-2021-tregua-pandemia_1_8434022.html
FILOSOFIA DEL RECONOCIMIENTO 
Hemos llegado a tal extremo que el otro día supimos de un hombre que se tiró por la ventana al ser desahuciado y la policía descubrió que convivía con el cadáver de su padre que había fallecido casi dos años antes. Lo hizo para vivir de su pensión.
¿Dónde está aquella frase de nadie se va a quedar atrás?
Mientras algunos se tiran por la ventana, el presidente dispone de 800 asesores, la mayoría sin bachillerato, cobrando un sueldo por no hacer nada. Adriana Lastre es un ejemplo.
Franco construyó barrios enteros para los obreros. La política de este gobierno consiste en meter la zarpa en el mercado del alquiler.
Los inmigrantes ilegales ganan más dinero que nuestros jubilados.
Para pagar la luz se van a implementar los favores sexuales a cambio de dinero.
¿Esto es lo que se entiende por un gobierno progresista?
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Ya es hora de comenzar a aceptar y difundir que las intenciones de la Constitución y la Declaración Universal de los derechos humanos y que los fundamentos del Estado Social de Derecho, por ejemplo, no son más que absurdas expresiones de “lo que NO va a suceder” hasta que el sistema que genera esos desahuciados no sea eliminado. Suponer que la sola defensa de los DDHH es la solución al problema, es haber aceptado que el sistema sirve y que solo debe ser mejorado.
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