por El lenguaje nos traiciona, a menudo, porque, como bien sabemos, no hay posibilidad de convertir con propiedad lo que es, en un sistema simbólico. Entre la cosa y la palabra se da una distancia necesaria por cuanto no son mismidad.
Bien, pues partiendo de esta constatación el lenguaje, y más el ordinario, nos traiciona, haciéndonos creer que se da, lo que de facto no es comprobable que se dé. Me explico: hay presos que ejercían de profesores –antes de su condición de encarcelados-, los hay que lo hacían de bombero, de banquero,…y otros que ejercían de políticos, es decir responsables de “la cosa pública”. Pero se da la circunstancia que en un Estado de Derecho democrático existen unas leyes que, como tales, tienen poder coercitivo, son de obligado cumplimiento nos parezcan justas o injustas, porque esas son la limitaciones fatídicas de una supuesta democracia representativa. Así es que quien las viola, sabe que existen sanciones prescritas según el tipo de delito que se cometa.
Empecemos por el escandaloso e inconcebible caso de los políticos que están imputados y han sido juzgados ya o no. El número de políticos en prisión por corrupción económica en estos momentos es de 87. Un número bajísimo si tenemos en cuenta el número de imputados, que son alrededor de 1380[1]. Obviamente, los que se encuentran en prisión –y seguro que muchos más- han infringido las leyes al lucrarse a costa de su cargo político y en ese sentido son encarcelados. No por pertenecer a una ideología política u otra, sino porque se han pasado por el forro el Estado de Derecho, cuando por su responsabilidad pública deberían ser ejemplares en ese aspecto –aunque ya sé que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia-
Pasemos al caso de los denominados “presos políticos” del proceso independentista en Catalunya. No deja de causarme cierta gracia el trajín que nos traemos con la inversión o no de los términos. La raíz está, sin duda, en que durante la larga dictadura que padecimos había ciudadanos prisioneros por su ideología política, y, con toda la carga que conllevaba de represión y falta de derechos civiles, usábamos la expresión de “presos políticos”. Porque la causa era política, no porque fueran políticos. Siguiendo el hilo argumental, lo que se ha producido en Catalunya ha sido la encarcelación e imputación de políticos que han infringido las leyes. La causa que les ha llevado a ello ha sido su ideología política, pero no se puede afirmar que estén procesados por su ideología, sino por la violación de las leyes a que su pensamiento independentista les ha llevado. Si no fuera así, nadie podría declararse independentista porque ipso facto iría a prisión. Y nadie puede afirmar que eso se esté produciendo aquí. Debemos tener en cuenta que cuando de forma subjetiva los políticos incumplen las leyes que les parecen injustas –es el oxímoron de intentar realizar el valor de la Justicia mediante normas- están implícitamente legitimando que cualquier ciudadano incumpla leyes que considera injustas, lo cual daría al traste no ya con el Estado de Derecho, sino con la sociedad misma.
Ahora bien, la realidad es más compleja de lo que a veces suponemos, ya que si los ciudadanos, sean políticos o no, valoran como injustas leyes que sienten que constriñen sus derechos y no les otorga ni posibilidad, ni espacio para luchar por aquello en lo que creen ¿Están los ciudadanos obligados a cumplir las leyes? Para que nos hagamos una idea más generalista, pensemos que todas las personas que carecen de vivienda, o de una que no sea un antro; o en todas aquellas que no teniendo trabajo o incluso teniéndolo sufren una situación tan precaria que no les permite ni vivir. Bien, pues en relación a este grupo significativo de ciudadanos ningún político diría que están eximidos de cumplir las leyes para poder luchar por aquello que atenta contra su dignidad y no tienen ni posibilidad, ni espacio para conseguirlo. ¿Por qué deben ser tratados de forma diferente aquellos políticos que por su ideología política incumplen sistemática e intencionadamente las leyes del Estado?
Parece ser que cuando se cometen “delitos” las causas que han llevado a quien sea a cometerlos pueden funcionar como atenuantes, pero nunca como motivos de absolución. Porque si no fuésemos todos iguales ante la ley –que no lo somos, por aquello de que esto no es más que un eslogan publicitario- el pacto social se resquebrajaría y con él toda posibilidad de vivir en sociedad, en lugar de retornar a ese hipotético estado de naturaleza.
Lo único que nos resta a los ciudadanos, a todos, no solo a los políticos independentistas, es el derecho a manifestarnos pacíficamente y protestar para exigir lo que consideramos justo. Sabemos que esto le sirvió de muy poco al movimiento 15M, oteando la situación actual, y que, en aquel momento, los mismos que hoy se consideran maltratados jurídicamente, usaron las fuerzas del “desorden” o los “gossos d’esquadra”, como se les denominaba por aquel entonces, para reprimir y disolver cualquier intento de reivindicación permanente al respecto.
Por eso, les llamemos como les llamemos, “presos políticos” o “políticos presos” están obligados a cumplir las leyes, y que se sepa ningún ciudadano de a pie elige nunca una ley, ni posteriormente cumple las que les gustan y las que no se las saltan, porque los mismos que siguen hoy en el gobierno de Catalunya serían los primeros en descargar sobre ellos todo el “peso de la ley”, que a menudo es como la piedra con la que cargaba Sísifo. Acaso porque vivir en sociedad sea recorrer la trayectoria inútil que el personaje mítico repitió hasta la saciedad. Pero así es para todos, no lo olvidemos, porque todos hemos identificado leyes injustas, que nos cercenan la libertad e incluso la dignidad como personas, y eso en cualquier democracia, porque como sospechamos, con cierto fundamento, es la mayor falacia de la que se sirve el neocapitalismo.
FILOSOFIA DEL RECONOCIMIENTO 