por Todo desahucio es un drama de carne y hueso. En cada uno hay personas que son expulsadas de sus viviendas, muchas sin alternativas de un lugar donde hospedarse. Algunos resuenan más en las redes sociales y en los medios de comunicación, quizás porque reúnen las condiciones para remover conciencias de manera más elocuente.
Esta semana en Madrid, se desahucia a una mujer de 87 años que llevaba 70 años viviendo allí, y que nunca dejó de pagar los 500 euros que le correspondían de alquiler. Lo que pasa es que las leyes cambian y lo que en un momento es inconcebible en otro puede parecer, según quien lo mire, de justicia. Detrás la compra del edificio hace años por uno de los denominados Fondos Buitres, que compran edificios enteros.
En L’Hospitalet -Barcelona- una mujer de 54 años -creo- se suicida antes de ser desahuciada. Estaba bajo el protocolo de riesgo de autolisis por el departamento de salud, pero cada cuestión tiene su lógica interna, y la de alquiler no se cruza con la de salud.
Al margen de las casuísticas particulares, difíciles de dirimir por encontrar versiones muy diferentes, lo relevante es cómo un derecho básico -retórico como ya sabemos-, el derecho a la vivienda es vulnerado continuamente porque las lógicas del mercado están por encima de los derechos de los ciudadanos. Aquí, tropezamos con que el capitalismo es un sistema altamente competitivo y que implícitamente supone que el que no cubre sus necesidades básicas es porque no ha trabajado para ello. Esta perspectiva está absolutamente desfasada, pero los amantes de este sistema priorizan que los mecanismos funcionen eficazmente, se lleven a quien se lleven por delante.
Mientras las mercancías que cubren necesidades básicas sean objeto de lucro, como cualquier otra mercancía, alimentación, salud, educación y vivienda no habrá forma de que la sociedad garantice unos mínimos para vivir a cualquiera que existiendo -sin haberlo pedido- no logra entrar en los circuitos más lucrativos del sistema. Quizás lo más apropiado sería reclamar que ni los productos básicos alimentarios, ni la asistencia médica, ni la educación y la vivienda deberían ser propiamente mercancías. Aunque esta consideración diferenciada desorientaría la estructura capitalista y debe ser utópico creer que se puede establecer qué no puede, bajo ningún concepto, operar como mercancía.
La reflexión al respecto es compleja y no puede ser desarrollada aquí, pero me conformo con abrir el debate de la posibilidad de vetar el que ciertos bienes básicos funcionen y tengan la consideración de “mercancías”, porque no deben estar al servicio del lucro de unos pocos, si no al alcance de todo ciudadano.
